El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. (CEDEHM), recibió a mediados del año 2011 a las víctimas de violación, amenazas, pornografía y otros delitos que cometió el pastor José Manuel Herrera Lerma de la iglesia Sendero de Luz, que pertenece a la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Delicias.
Inicialmente, el Centro les brindó atención psicológica e información legal y a partir de este apoyo las víctimas decidieron denunciar los hechos, el 16 de enero del 2012 se hizo la denuncia de manera formal.
Por tratarse de un caso delicado, las abogadas del CEDEHM acudieron personalmente con el fiscal general del estado, Manuel Salas, y se tomaron diversos acuerdos, entre ellos el nombramiento de dos fiscales especiales, Marcela Torres Knigth y Corina Heredia, quienes estuvieron a cargo de integrar la carpeta de investigación con testimoniales, peritajes psicológicos y médicos.
La coordinadora de Delitos Sexuales y contra la Familia en Delicias, Lic. Nava, ajena a la estrategia legal que construyeron las coadyuvantes con las fiscales especiales, decidió solicitar la orden de aprehensión y la audiencia de control de detención, sin notificar a las acusadoras coadyuvantes del Centro, representantes legales de las víctimas.
A las víctimas les notificaron media hora antes de que se llevara a cabo la audiencia. Las mismas fiscales especiales Torres Knigth y Heredia ignoraban el proceso que se llevó a cabo en Delicias.
De esta manera, José Manuel Herrera Lerma fue detenido el domingo 5 de febrero y ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención.
Las coadyuvantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres denuncian el incumplimiento de los acuerdos que tomaron con la Fiscalía y señalan que no fueron notificadas de la audiencia de control de detención, violentando los derechos de las víctimas a tener una representación legal de calidad.
Asimismo, el Ministerio Público omitió realizar diligencias fundamentales para una adecuada investigación tendiente a acreditar los ilícitos denunciados. No se brindaron además órdenes de protección a las víctimas y sus familias, por lo que ahora están en mayor vulnerabilidad y deben permanecer ocultas.
De igual manera, no se giró oficio a la Secretaría General de Gobierno para que investigue a la iglesia Sendero de Luz en Delicias y proceda a la clausura, aunado a esto, contrario totalmente a los derechos fundamentales de las víctimas reconocidos en su legislación interna e internacional se hizo, indebidamente, pública información que única y exclusivamente tenía en su poder la Fiscalía y a la cual se le había solicitado total secrecía.
Inicialmente, el Centro les brindó atención psicológica e información legal y a partir de este apoyo las víctimas decidieron denunciar los hechos, el 16 de enero del 2012 se hizo la denuncia de manera formal.
Por tratarse de un caso delicado, las abogadas del CEDEHM acudieron personalmente con el fiscal general del estado, Manuel Salas, y se tomaron diversos acuerdos, entre ellos el nombramiento de dos fiscales especiales, Marcela Torres Knigth y Corina Heredia, quienes estuvieron a cargo de integrar la carpeta de investigación con testimoniales, peritajes psicológicos y médicos.
La coordinadora de Delitos Sexuales y contra la Familia en Delicias, Lic. Nava, ajena a la estrategia legal que construyeron las coadyuvantes con las fiscales especiales, decidió solicitar la orden de aprehensión y la audiencia de control de detención, sin notificar a las acusadoras coadyuvantes del Centro, representantes legales de las víctimas.
A las víctimas les notificaron media hora antes de que se llevara a cabo la audiencia. Las mismas fiscales especiales Torres Knigth y Heredia ignoraban el proceso que se llevó a cabo en Delicias.
De esta manera, José Manuel Herrera Lerma fue detenido el domingo 5 de febrero y ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención.
Las coadyuvantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres denuncian el incumplimiento de los acuerdos que tomaron con la Fiscalía y señalan que no fueron notificadas de la audiencia de control de detención, violentando los derechos de las víctimas a tener una representación legal de calidad.
Asimismo, el Ministerio Público omitió realizar diligencias fundamentales para una adecuada investigación tendiente a acreditar los ilícitos denunciados. No se brindaron además órdenes de protección a las víctimas y sus familias, por lo que ahora están en mayor vulnerabilidad y deben permanecer ocultas.
De igual manera, no se giró oficio a la Secretaría General de Gobierno para que investigue a la iglesia Sendero de Luz en Delicias y proceda a la clausura, aunado a esto, contrario totalmente a los derechos fundamentales de las víctimas reconocidos en su legislación interna e internacional se hizo, indebidamente, pública información que única y exclusivamente tenía en su poder la Fiscalía y a la cual se le había solicitado total secrecía.
